El compromiso manifestado reiteradamente por parte de la República de Panamá  de continuar adecuando su sistema financiero y corporativo a las legítimas expectativas internacionales ha sido  expuesto por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Farah Diva Urrutia, en reunión especial del Consejo  Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para considerar el tema “Desafíos en los servicios financieros y bancarios para el desarrollo en las Américas”.

Panamá como  una plataforma importante y exitosa del comercio de servicios y en especial en materia de servicios financieros y corporativos internacionales y con el objeto de  cumplir con este compromiso, adoptó   una legislación de vanguardia para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, marco legal que   regula adecuadamente el sector financiero y  aquellas otras actividades no financieras que pudieran ser utilizadas para cometer estas actividades criminales.

Además, solicitó  que el Consejo Permanente de la OEA, se haga eco del interés de que se reconozca el derecho soberano de cada país de diseñar un marco legal que logre un adecuado balance entre las expectativas internacionales y los intereses  nacionales; que se reconozca la necesidad de establecer periodos transicionales adecuados y que se tome en consideración la proporcionalidad entre el beneficio que origina la adopción de los estándares sugeridos y  el costo de aplicación de los mismos para nuestros países.

Por ello, cuestionó que  en base a las expectativas de algunos grupos de la comunidad internacional, se le imponen a países como Panamá, obligaciones sin un periodo apropiado de consultas, así como cambios estructurales en los sistemas, sin adecuados periodos transicionales y sin tomar en cuenta diferencias y condiciones económicas. Con igual sentido, crítico las razones para ser forzado a implementar cambios que implican un alto costo para el país,  sin considerar el elemento de proporcionalidad que debe existir entre el costo de la implementación de las medidas y el beneficio , generando empobrecimiento sin una adecuada contraprestación para sustentarlo o reemplazarlo.

También  advirtió sobre  los efectos adversos de las medidas discriminatorias impuestas unilateralmente por otros países en la búsqueda de ejercer la suficiente presión para que se adopten estándares de manera uniforme en realidades económicas totalmente equidistantes, que afectan negativamente las economías, generan barreras lesivas al comercio e inciden negativamente el ambiente de cooperación y consenso que debería regir entre los países y rechazó  en el ámbito fiscal, la categorización peyorativa de “paraísos fiscales” a  aquellas jurisdicciones que han escogido tener un sistem