El Gobierno de la República de Panamá ha sido alertado sobre la posible inclusión de Panamá en la primera lista de la Comisión Europea sobre jurisdicciones de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen en lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo

Ante este hecho, Panamá ha expresado al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y los equipos técnicos, su preocupación por la falta de transparencia en la que se construye, por primera vez, dicha lista ampliada.

Para la República de Panamá, esta inclusión constituye una acción poco cónsona con la realidad de la plataforma financiera panameña, que cuenta hoy con una avanzada y robusta legislación para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos, y para la cual ha demostrado una dedicación constante en el fortalecimiento y modernización de la misma.

Tan solo en la última semana, se aprobó en Panamá la legislación que penaliza la evasión fiscal, y el Foro Global de la OCDE sobre las prácticas perjudiciales aprobó los regímenes fiscales especiales de Panamá. Asimismo, lo ha demostrado ante instancias como el Grupo de Acción Financiera, que Panamá presidiera hasta diciembre pasado, con quien el país ha trabajado estrechamente para identificar y corregir los aspectos de nuestro marco legislativo y las prácticas administrativas.

En Panamá, la Unión Europea y los Estados miembros tienen un sólido aliado; además, las naciones europeas son una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en el país, y se vería afectada ante las consecuencias de una posible inclusión de Panamá en una lista.

La República de Panamá mantiene un compromiso inquebrantable con la adopción y, sobre todo, cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de transparencia y cooperación internacional. El país su interés de mantener un diálogo en todos los frentes, seguros de nuestra capacidad de continuar adaptándonos a los nuevos retos globales y trabajar de la mano con la comunidad internacional, pero solo bajo el único medio posible: una discusión franca y abierta que garantice un proceso colaborativo y transparente.