El Consejo Directivo de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, del cual forma parte el Ministerio de Relaciones Exteriores, celebró la Primera Reunión Ordinaria del año, a fin de informar sobre lo actuado en el 2012 y discutir el Fondo Especial para las víctimas de Trata de Personas. La Viceministra Encargada de Relaciones Exteriores, Mayra Arosemena, reiteró el interés del Gobierno Nacional de otorgar a este tema la mayor atención posible, a fin de que el país logre los objetivos de erradicar este flagelo que afecta a menores y adultos, haciendo énfasis en que ya la ley 79 de 2011, establece como tema de Estado la Política Nacional Contra la Trata de Personas. En el 2011, se adoptó la ley de Trata de Personas y actividades conexas, que regula este delito y tiene como objetivo adoptar medidas de prevención de la victimización y revictimazación y la protección y asistencia a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas, recordó la Vicecanciller Encargada. Posteriormente, desde la entrada en vigencia de la ley 79 de Trata de Personas y actividades Conexas, el 1 de enero de 2012, la Comisión Nacional, integrada por 16 instituciones, empezó a trabajar con un plan nacional y un reglamento interno. Durante le reunión, se analizó el Informe que rinde Panamá anualmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos 2012, el cual señala que el Gobierno de Panamá está haciendo esfuerzos significativos en la materia y plantea algunas recomendaciones. La Secretaria General de la Comisión, Virna Luque, también Directora General de Aduanas, informó sobre las gestiones que se adelantan para cumplir con dichas recomendaciones y lograr elevar la posición del país esa materia, destacando que actualmente Panamá cuenta con un Plan Nacional contra la Trata de Personas y que ya las instituciones que conforman la Comisión Nacional se están preparando para el mes de septiembre, mes adoptado mediante Decreto Ejecutivo 421 de 19 de junio de 2012, como el mes contra la trata de personas. Entre esas acciones está el establecimiento de dos albergues a nivel nacional para la atención a las víctimas, campañas nacionales de prevención y sensibilización, intensificar la aplicación de la ley en la investigación y el enjuiciamiento a los delincuentes.