En seguimiento a los Acuerdos de Alto Nivel de Autoridades de los Sistemas de Protección Civil de Mesoamérica, celebrada en Panamá en diciembre de 2017 , los titulares y representantes de los Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Mesoamérica, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se reúnieron en San José, Costa Rica, para observar el uso y la evolución dela plataforma consolidada de Gestión de Riesgos de Desastres-Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos (RM-GIR)

Las autoridades reforzaron el proceso metodológico de las acciones para la elaboración de la Estrategia de Sostenibilidad de la herramienta en línea y establecieron un diálogo de alto nivel sobre las necesidades y prioridades asociadas a la eficiencia de mecanismos de coordinación y comunicación para la gestión del riesgo de desastre en seguimiento a los acuerdos del Marco de Acción de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030.

a actividad se desarrolló en el marco de la Cooperación Técnica Regional financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominada ”Proyecto para la Instrumentación del Sistema Mesoamericano de Información Territorial (SMIT) para la Gestión de Riesgos de Desastres-Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos (RM-GIR)”

La RM-GIR como herramienta virtual de tecnología avanzada, pone a disposición de los gobiernos, universidades y otros actores información geoespacial disponible para monitorear desastres, amenazas y vulnerabilidades a fin de reducir la pérdida de vidas valiosas, ecosistemas e infraestructura. La amplia información geoespacial disponible muestra datos relacionados con cartografía, agrología, clima y geografía, lo que garantiza la oficialidad de la información a nivel nacional y regional.

La herramienta se ha colocado en una plataforma estandarizada y de fácil acceso, que se puede consultar como información para el análisis de la información y la toma de decisiones en cada país, brindando beneficios no solo a las instituciones gubernamentales a cargo de la protección civil y la gestión de desastres, sino también a universidades, municipios e instituciones responsables del desarrollo y seguridad de vidas, activos y actividades productivas.