El Presidente de la República, Juan Carlos Varela acompañado de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, sancionó este jueves el Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia de las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y castigar los hechos de violencia contra la mujer.

Durante un acto en el Palacio de Las Garzas y en presencia de la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, el Mandatario afirmó que con esta medida se busca afianzar los mecanismos y las instituciones que apoyan a la mujer contra el flagelo de la violencia.

La norma tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres de cualquier edad a una vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como prevenir y sancionar todas las formas de violencia en contra de las mujeres en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado.

El Presidente Varela afirmó que la reglamentación de esta Ley constituye un instrumento que contribuirá al desarrollo de una cultura de respeto a  la vida y  dignidad de la mujer panameña. También a que se implementen las medidas necesarias para prevenir la violencia y en última instancia, velar para que se apliquen las sanciones a los responsables y promotores de la violencia contra la mujer.

Varela afirmó que con esta acción el Gobierno quiere honrar este compromiso con el objeto de afianzar los mecanismos y las instituciones que apoyan a la mujer en su lucha contra el flagelo de la violencia.

A través de este instrumento legal, se establecen todos los parámetros y responsabilidades que le compete a cada institución del Estado, para prevenir los actos de violencia hacia las mujeres y las niñas, y garantizar su protección.

El Gobernante detalló que en el país, en el pasado reciente, la mujer no recibía atención especializada de profesionales ni contaba con apoyo de las autoridades judiciales cuando era objeto de violencia en su relación de pareja, intimidad afectiva o de confianza, tampoco se le brindaba la protección que requería, incluso, su victimario recibía trato y castigo como si se tratara de un delito común sin agravantes.

En el contexto internacional, dijo Varela, el 26 de abril de 1995 Panamá ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Disminución de femicidios

Manifestó que conforme a las estadísticas proporcionadas por la Dirección de Investigación Judicial, se registraron en la República de Panamá 29 femicidios en 2015 y 19 en 2016, reflejando una significativa disminución.

A la fecha se han reportado cuatro femicidios y las provincias más afectadas son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón. “Debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos para que no haya una muerte más bajo estas circunstancias”, remarcó el Mandatario.

Por ello, dijo Varela, su Administración se ha planteado la necesidad de adoptar medidas de prevención de la violencia en contra de la mujer, el empoderamiento de la mujer, crear igualdad de oportunidades, acceso a educación, a servicios básicos. Sin embargo, sostuvo que también es importante trabajar en sensibilizar a toda la población.

14 centros de acogida

El Instituto Nacional de la Mujer, quien preside el Comité Nacional contra la Violencia a la mujer creado mediante la Ley 82 de 2013 liderizó el proceso de confección y consenso de la reglamentación aprobada con los diferentes actores de la política pública de prevención de la violencia contra la mujer y las niñas.

En este sentido el Instituto ha logrado la creación de 14 centros de acogida, atención y protección de las víctimas en provincias y comarcas a nivel nacional, los cuales cuentan con un equipo multisdisciplinario bilingüe, para orientar y asesorar a mujeres víctimas de violencia, también se ha logrado la creación de la Policía Especializada en Género, que se encuentra en proceso de formación, así como se ha gestionado la articulación con el Ministerio Público y el Órgano Judicial para hacer efectiva su presencia en el país.