El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, participó este jueves en la Mesa de Diálogo III, celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como parte de la misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Albert R. Ramdin.
La jornada forma parte de la agenda de reuniones que desarrolla la delegación para escuchar a distintos sectores del país y recopilar insumos que contribuyan al fortalecimiento del diálogo democrático y la construcción de consensos.
En el encuentro, la misión sostuvo un intercambio con representantes del sector empresarial, productivo y diversos actores sociales para conocer de primera mano el impacto económico y social de los 53 días de conflicto registrados entre mayo y junio en Bolivia.
Durante el diálogo, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales Versalovic, expuso ante la delegación el panorama que enfrentó el país durante la crisis.
«Durante 53 días, Bolivia dejó de funcionar con normalidad», afirmó Morales al describir las consecuencias de los bloqueos que paralizaron las carreteras y afectaron la actividad productiva.
Según explicó, la crisis ocasionó pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares para la economía boliviana, de los cuales más de 600 millones correspondieron al sector industrial.
El dirigente señaló que la paralización afectó a más de 13.000 industrias y comprometió las actividades de alrededor de 150.000 trabajadores. Las empresas enfrentaron dificultades para recibir materias primas, distribuir productos terminados, cumplir contratos y mantener sus operaciones.
Morales indicó que las consecuencias trascendieron el ámbito económico.
«Faltó oxígeno para hospitales, escasearon alimentos y medicamentos, miles de empresas paralizaron sus operaciones y millones de bolivianos vivieron con incertidumbre», manifestó.
Añadió que la interrupción del libre tránsito también vulneró derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo.
En ese contexto, pidió que Bolivia cuente con leyes claras y seguridad jurídica que garanticen la circulación de personas, alimentos, medicamentos, combustibles y mercancías, incluso en escenarios de protesta o conflicto social.
«Ninguna causa puede estar por encima de la salud, la vida, el trabajo y el bienestar de los bolivianos», enfatizó el presidente de la CNI.
La misión de alto nivel de la OEA fue enviada por mandato de la Asamblea General del organismo, que rechazó los hechos de violencia, la interrupción de servicios esenciales y las amenazas contra infraestructuras críticas registradas durante la crisis. Asimismo, instó a fortalecer el diálogo y a adoptar medidas legales y proporcionales para proteger a la población y preservar el orden institucional.
Durante su visita a Bolivia, la delegación, integrada por el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin; el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, el embajador de Panamá en Bolivia, Julio Luque Ferro y otros representantes del organismo, ha sostenido reuniones con autoridades de los órganos del Estado, organizaciones sociales, pueblos indígenas, sindicatos, empresarios, sectores productivos, transportistas, académicos y medios de comunicación.
Los planteamientos y testimonios recopilados durante estas jornadas formarán parte de un informe que la misión presentará ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.