Al instalar el 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se prolongarán a lo largo de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, dijo este lunes que el Derecho Internacional “es un instrumento esencial para defender nuestra independencia y soberanía”.

Planteó que la vigencia de los derechos humanos requiere instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

“Requiere -añadió- que la libertad de expresión permita cuestionar a quienes gobiernan, que el debido proceso proteja a todas las personas y que los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como otras comunidades históricamente excluidas, puedan ejercer sus derechos e incidir efectivamente en las decisiones públicas”.

El tema de las migraciones irregulares, fue considerado por el ministro Martínez-Acha Vásquez. “La gestión de las fronteras debe atender las responsabilidades de los Estados, sobre todo, la de mantener la seguridad pública pero, así mismo, garantizar la protección de las personas, especialmente los niños”, señaló.

“La cooperación entre Estados debe ayudar a enfrentar las causas del desplazamiento en los países de origen, así como los peligros del tránsito, con respeto a la dignidad de quienes migran y la seguridad de las comunidades que los reciben”, afirmó.

Recordó que desde su fundación en 1959, la CIDH ha realizado cuatro visitas a Panamá -en 1977, 1989, 1990 y 2001- y sus relatorías temáticas y especiales también han tenido presencia en el país, lo que refleja nuestra disposición a proteger y promover los derechos humanos al amparo de los instrumentos del sistema interamericano.

“Recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos implica la voluntad de escuchar a las víctimas y a la sociedad civil, de examinar las observaciones con seriedad y de responder a ellas mediante instituciones que funcionen”, dijo el jefe de la diplomacia panameña.

Por su parte, Edgar Ralón Orellana, presidente de la CIDH, expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por el reciente terremoto ocurrido en este país.

“Acompañamos en pensamiento a quienes han sufrido sus consecuencias, y reconocemos el esfuerzo de las instituciones y del pueblo panameño para atender la emergencia”, añadió.

“Que un país, en medio de la adversidad, abra sus puertas al diálogo regional dice mucho de su vocación. Panamá, puente del mundo, nos recuerda que la tarea de esta Comisión es, precisamente, tender puentes: Entre los Estados y la sociedad civil, entre las normas y la realidad, entre las preocupaciones y las soluciones”, afirmó Ralón Orellana.

Acerca de las audiencias que se celebrarán esta semana en esta capital, explicó que serán un espacio de diálogo interamericano.

“No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha: Escuchar a la sociedad civil, escuchar a los Estados, y escuchar a las personas que acuden a este foro con la esperanza de ser comprendidas”, señaló.

“Son también una oportunidad para recordar, con serenidad y respeto, las obligaciones que los propios Estados han asumido soberanamente al adoptar los instrumentos interamericanos, así como la normativa aplicable a la que la Comisión da seguimiento en su labor cotidiana”, dijo el responsable de la CIDH.

“Al iniciar estos trabajos -resaltó-, formulo un deseo para todas las partes y para todas las audiencias, que cada persona que tome la palabra se sienta escuchada, que cada Estado que comparezca se sienta respetado, y que cada audiencia nos acerque un poco más a soluciones concretas para quienes más las necesitan”.

“Porque cada vez que un derecho se hace realidad en la vida de una sola persona, se fortalece toda la región. Que la dignidad humana sea, siempre, el idioma común de las Américas”, precisó Ralón Orellana.

Durante las sesiones, la CIDH recibirá información sobre temas vinculados con la justicia, la institucionalidad democrática, las libertades fundamentales, la migración, la seguridad ciudadana y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.

En materia de acceso a la justicia, institucionalidad democrática e independencia judicial, se celebrarán audiencias sobre la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú, el acceso a la justicia en Granada, la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, y la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Perú.

La agenda también contempla situaciones que afectan a grupos históricamente excluidos o en condición de riesgo, con audiencias sobre personas defensoras de derechos humanos en México, personas LGBTIQ+ en Centroamérica, niñas, niños y adolescentes migrantes, denuncias de adopciones irregulares y tráfico de niñas y niños en Chile, el pueblo raizal en Colombia, y mujeres privadas de libertad.

En relación con las libertades fundamentales y el espacio cívico, la Comisión tratará la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador, la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos, la libertad de religión y de creencias en Nicaragua, y el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela.

La agenda incluye además asuntos vinculados con políticas públicas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En ese ámbito, se examinarán los impactos de las políticas migratorias en Argentina, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, el acceso a la salud y a la justicia en casos de violencia obstétrica, la protección de los derechos humanos de las víctimas de desastres naturales en Venezuela, y los impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética, tema que será tratado en una audiencia de oficio de alcance regional.

En el ámbito de la seguridad ciudadana y el sistema de justicia penal, se analizará la situación de las personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción en El Salvador, la reglamentación de la responsabilidad penal en la adolescencia en Brasil, los estándares de actuación policial en villas y comunidades de la Amazonía brasileña, y la regulación de la pena de muerte en Cuba.

Como parte del calendario, la Comisión también celebrará una audiencia sobre las obligaciones internacionales de las empresas extractivas canadienses y su impacto en los derechos humanos.