El XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizado por el Gobierno Nacional con los auspicios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concluyó este miércoles en esta ciudad.
Dos paneles y la ceremonia de clausura, sirvieron de marco para poner en valor la cooperación regional y el multilateralismo como herramientas enfrentar los desafíos comunes del desarrollo sostenible como los desastres naturales y otras amenazas globales.
En el primer panel, moderado por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, participaron Francisco Álvarez, director de Inversiones, concesiones y Riesgos del Estado del Ministerio de Planificación y Finanzas; Karter Graig, director de Carribbean Disaster Emergency Manegement Agency (CDEMA); Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en la República Bolivariana de Venezuela; y Cristina García, directora Regional de Save the Children.
Un resumen de lo discutido apuntó a la importancia de una intervención integral que responda a los distintos sectores afectados, la coordinación intersectorial y una visión de mediano y largo plazo hacia la capacidad de adaptación y la reducción de las vulnerabilidades.
En el segundo panel, moderado por Soledad Bauza, representante residente adjunta del PNUD en Panamá, los expertos, José Pino, director de Planificación del Ministerio de Gobierno; Minique Amadio, de Activa Panamá; Marcos Ahedo, director de Gestión de Riesgos de Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCFIF); y Adriana de la Peza, del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), resaltaron la importancia de una intervención de múltiples actores regionales, gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil.
En la clausura los representes del Gobierno Nacional, del PNUD y de la CEPAL plantearon que el progreso de las sociedades requiere una visión integral, capaz de vincular las prioridades económicas con las necesidades sociales y las capacidades institucionales porque los desafíos demandan coordinación y una voluntad compartida de avanzar hacia resultados sostenibles.
Con ese propósito señalaron que el fortalecimiento de las instituciones públicas constituye una prioridad para garantizar que las políticas de desarrollo tengan continuidad, coherencia y resultados medibles.
Defendieron, además, la cooperación entre los Estados, los organismos internacionales, la banca de desarrollo y el sector privado como el mecanismo para fortalecer las políticas de desarrollo sostenible.
