El presidente José Raúl Mulino instruyó a un equipo interministerial, liderado por Julio Moltó, a iniciar el proceso bajo condiciones de soberanía, protección ambiental, cumplimiento constitucional y terminación de los arbitrajes.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo que genere los mayores beneficios para el país. Un equipo interministerial liderado por el ministro Julio Moltó conducirá el proceso.

El mandatario estableció cinco principios irrenunciables:
1. Propiedad de los recursos: los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá.
2. Beneficio económico: el país deberá obtener el máximo beneficio, con resultados que se sientan en todo el territorio nacional.
3. Soberanía: ninguna empresa podrá decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.
4. Protección ambiental: se exigirán los más altos estándares, con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.
5. Respeto a la ley: cualquier acuerdo deberá cumplir plenamente con la Constitución y las leyes de Panamá.

Las conversaciones evaluarán la reactivación de la actividad minera, condicionada a beneficios reales para Panamá, la generación de miles de empleos exclusivamente para panameños y la finalización de todos los procesos arbitrales contra el país. También se exigirá el control y registro abierto de los materiales extraídos y el uso responsable del agua.

Como condición central, cualquier acuerdo deberá incluir un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, financiado por la empresa, con reforestación y prevención de daños ambientales. El cierre no será negociable ni tendrá posibilidad de prórroga.

Mulino subrayó que este anuncio constituye apenas el inicio de un proceso, que contará con información pública y participación ciudadana, especialmente de las comunidades cercanas, conforme al Acuerdo de Escazú.

El presidente precisó que un eventual acuerdo no se tratará de una concesión. De alcanzarse, el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustentará, en pleno cumplimiento de la Constitución y las leyes.