El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, participó este jueves en un evento regional sobre el uso correcto de los servicios financieros y mecanismos para blindar los sistemas económicos contra procedimientos ilícitos.

El evento fue organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el respaldo de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. Reunió a delegaciones de expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Contó con la participación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo Batista, y de presidente del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales José Antonio Hoo Justiniani.

Durante las intervenciones de apertura, el viceministro Guevara Mann abordó la responsabilidad compartida de impedir que las plataformas financieras e instituciones comerciales faciliten el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

«Nuestra vocación como centro de servicios internacionales exige preservar la confianza en nuestras instituciones y fortalecer la capacidad de prevenir el uso ilícito de los canales financieros y comerciales», afirmó.

Isabel Vecchio, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, resaltó los esfuerzos del país, a través de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, para alinearse a las recientes actualizaciones de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La representante de la OEA en Panamá, María Alexandra Moreira, agradeció el compromiso del país anfitrión con el multilateralismo proactivo.

Advirtió que el crimen organizado transnacional opera actualmente de forma profesionalizada y sin ideologías políticas, lo que hace imperativo perfeccionar los marcos regulatorios y consolidar la cooperación técnica para intercambiar tanto las buenas prácticas como los obstáculos operativos.

El contexto jurídico y conceptual fue delineado por María Fernanda Sarmiento, gerente del Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo del CICTE de la OEA.

Expuso los retos que enfrentan las jurisdicciones latinoamericanas para dar pleno cumplimiento sobre ese tema a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Precisó que el congelamiento de activos debe ejecutarse «sin demora», comprendido como un plazo menor a 24 horas, al tratarse de una medida preventiva de carácter administrativo que no requiere la existencia previa de una causa penal.

Abordó problemáticas prácticas apremiantes, como la insuficiente tipificación del financiamiento de la proliferación en las legislaciones de la región y los difíciles retos logísticos legales que enfrentan los Estados al tener que administrar bienes productivos congelados a personas o entidades designadas.

Con la celebración de esta reunión técnica, Panamá reitera su firme determinación de impulsar el derecho internacional y la cooperación diplomática como pilares esenciales de su política exterior, garantizando así la transparencia, la concesión de la paz y la seguridad colectiva en todo el continente americano.