«La confianza internacional se construye con hechos, y esta ley es una muestra concreta del compromiso de Panamá con la transparencia, la competitividad y una economía que genera valor real», afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, durante su participación en el conversatorio «La Nueva Ley de Sustancia Económica: impacto, retos y oportunidades».
Durante el encuentro, el viceministro Hoyos destacó que la reciente aprobación de la Ley 526 de 2026 representa un paso estratégico para fortalecer la posición de Panamá en el escenario internacional, consolidar la confianza de los inversionistas y continuar proyectando al país como una plataforma moderna de servicios, preparada para competir en un entorno económico global cada vez más dinámico y exigente.
Señaló que la nueva legislación complementa las fortalezas históricas del país —como su posición geográfica, el Canal de Panamá, su plataforma logística y financiera y su conectividad global— con un elemento indispensable en la economía contemporánea: la certeza de que las operaciones establecidas en el país cuentan con presencia, actividad y capacidad reales para generar valor.
«Nuestro país ha construido su desarrollo conectando mercados, regiones y personas. El siguiente paso es asegurar que esa conectividad esté respaldada por mayores niveles de confianza, transparencia y actividad económica real, elementos que hoy son determinantes para atraer inversión y fortalecer nuestra competitividad», expresó.
Explicó, además, que desde la perspectiva de la política exterior, la legislación fortalece la capacidad del Estado panameño para comunicar al mundo los avances impulsados por el país en materia de transparencia, cooperación internacional y modernización normativa.
«Para un país abierto al mundo, la confianza constituye uno de sus activos estratégicos. Incide en las relaciones comerciales y financieras, en el acceso a mercados y en las decisiones que toman las empresas al momento de invertir. Esta ley envía una señal clara del compromiso de Panamá con las mejores prácticas internacionales y fortalece nuestra posición ante otros Estados y organismos multilaterales», manifestó.
Añadió que este esfuerzo también respalda las gestiones que desarrolla el Gobierno Nacional para que los avances alcanzados por Panamá sean reconocidos de manera objetiva en las distintas evaluaciones internacionales, contribuyendo a mejorar la imagen del país y a eliminar obstáculos que afectan su competitividad.
En materia de diplomacia económica, el viceministro Hoyos destacó que la normativa contribuirá a atraer inversiones de mayor valor agregado, capaces de generar empleo, innovación, transferencia de conocimiento y nuevas oportunidades para las empresas panameñas.
En ese sentido, recordó que esta visión se complementa con iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional, como la Estrategia Nacional para la Exportación de Servicios Modernos, así como las estrategias nacionales de Inteligencia Artificial y Semiconductores y Microelectrónica, orientadas a diversificar la economía y consolidar a Panamá como un centro regional para servicios especializados y actividades intensivas en conocimiento.
«Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestra red de embajadas y consulados promovemos las ventajas competitivas del país, identificamos oportunidades de inversión y facilitamos el acercamiento con potenciales inversionistas. La Ley de Sustancia Económica fortalece esa labor porque nos permite presentar a Panamá como un destino donde las empresas pueden establecer operaciones regionales con seguridad jurídica, talento humano, infraestructura y reglas claras», indicó.
El viceministro Hoyos también enfatizó que el éxito de la legislación dependerá de una implementación ordenada, transparente y coordinada entre las instituciones públicas, el sector privado y los especialistas, especialmente de cara a su entrada en vigor durante el período fiscal 2027.
Asimismo, subrayó la importancia de que la reglamentación ofrezca claridad sobre el alcance de las obligaciones, los mecanismos para acreditar su cumplimiento y los procedimientos que deberán seguir las empresas, garantizando seguridad jurídica y previsibilidad para todos los actores involucrados.
«La competitividad de Panamá no depende únicamente de sus ventajas logísticas o geográficas. También requiere instituciones sólidas, reglas claras y la capacidad de demostrar que somos un país preparado para generar valor, atraer inversiones responsables y competir exitosamente en la economía global», concluyó.
El conversatorio fue organizado por el diario La Prensa, como parte de su espacio Café con La Prensa, con el propósito de analizar el alcance, los desafíos y las oportunidades que plantea la nueva legislación para el país.
El panel reunió a representantes del sector público, empresas, especialistas y medios de comunicación para promover un diálogo técnico sobre la implementación de la norma y su impacto en la competitividad nacional.
La Ley de Sustancia Económica exige que determinadas empresas acrediten una presencia y actividad económica reales en Panamá. Con ello, el país fortalece su marco regulatorio, promueve mayor transparencia y consolida un entorno de negocios más confiable y competitivo.