La administración de Ricardo Martinelli volvió a cumplir con obligaciones internacionales por hechos acontecidos en gobiernos pasados. El Consejo de Gabinete aprobó, la tarde este martes 14 de febrero, un decreto en el que reconoce la sanción impuesta al Estado panameño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de 23 de noviembre de 2010 relacionada con violaciones a los derechos cometidas a Jesús Tranquilino Vélez Loor, un migrante ecuatoriano que había entrado ilegalmente al país. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, quien presentó la propuesta ante el Gabinete, dijo el Estado panameño reconoce, como parte de la deuda nacional, las obligaciones económicas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 23 de noviembre de 2010, en concepto de reparación por violaciones a normas protectoras de derechos humanos y del debido proceso. Asimismo el Estado panameño reconoce el pago de 27 mil 500 balboas a favor de Vélez Loor como el monto correspondiente a las obligaciones impuestas en la sentencia en mención al igual que el reembolso de 7 mil 500 balboas a favor de la Embajada de Panamá en Quito, Ecuador que, el 7 de julio de 2011, le había adelantado a la víctima la suma de 7 mil 500 balboas para medicamentos, tratamiento y atención médica y psicológica especializada. De igual modo, el Estado panameño reconoce el pago de 24 mil balboas a favor del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que asistió a Vélez Loor en este proceso, y ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso conocido como Vélez Loor versus Panamá con sus respectivos títulos y subtítulos sin las notas a pie de página así como la parte resolutiva. El Decreto de Gabinete en mención también ordena la publicación, en un diario de amplia circulación en Panamá y en Ecuador, del resumen oficial de la sentencia en referencia al igual que su publicación íntegra en un sitio web oficial disponible al público por un periodo de un año. El Gabinete designó al Ministerio de Economía y Finanzas para ejecutar los trámites correspondientes al pago de estas obligaciones económicas por un monto total de 59 mil balboas impuestas por la Corte Interamericana en su sentencia de 23 de noviembre de 2010.