Madrid, España, viernes 26 de junio de 2020 – La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres presentaron hoy un análisis detallado de las leyes que afectan el empoderamiento económico de las mujeres en cada uno de los 22 países de Iberoamérica, junto con una propuesta de agenda de reformas legislativas para los
próximos cinco años con el objetivo de conseguir una igualdad de género real y sustantiva en la región.

El estudio, en formato de fichas-país y publicado en momentos en que las brechas de género se han agravado debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), analiza las normas discriminatorias en temas como salario, seguridad social, libertad de elección, el empleo y protección del trabajo doméstico remunerado y de la maternidad.

Entre las conclusiones del análisis se destacan:

•Igualdad salarial. El 50% de los países iberoamericanos carecen de leyes que respondan al objetivo de igual remuneración por trabajo de igual valor, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Libertad de elección de empleo. En el 65% de las naciones de la región se restringe la capacidad de las mujeres para elegir empleo, imponiéndoles una limitación horaria o prohibiéndoles desarrollar trabajos en determinados sectores económicos.

• Trabajo doméstico remunerado. Más del 70% de los países de Iberoamérica carecen de la legislación necesaria para proteger a las mujeres que realizan labores de cuidados y del hogar remuneradas. Más de 30% no ha ratificado el
Convenio 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.

• Protección de la maternidad. El 27% de los países iberoamericanos todavía no ha equiparado el descanso de maternidad al mínimo de 14 semanas establecido por la OIT. Además, un 36% cuenta con leyes que no aseguran que
el 100% de la cobertura de la licencia esté a cargo de la seguridad social, lo que genera resistencias a la contratación de mujeres por parte de los empleadores.

• Seguridad social. En casi 50% de las naciones de la región no se han modificado las leyes para evitar la discriminación por razón de sexo en la cobertura de las pensiones.

“La actual pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género ya existentes. De hecho, se estima que, de los 44 millones de despidos esperados globalmente como consecuencia de la pandemia, 31 millones serán de mujeres. Por eso, creemos que hay que realizar cambios en las leyes que discriminan económicamente a las mujeres y queremos impulsar una Coalición de Países Iberoamericanos Comprometidos con la Eliminación de Leyes Discriminatorias para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Hoy es más urgente que nunca”, afirma la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

“América Latina tiene un largo camino recorrido con muchas fortalezas en cuanto al reconocimiento del principio de igualdad de género y no podemos permitir que esta crisis nos haga retroceder en los avances alcanzados. Más bien debemos redoblar esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres. Es crucial que el empoderamiento económico de las mujeres esté al centro de los esfuerzos para abordar la crisis y reconstruir nuestras  sociedades mejor después”, resalta María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

La SEGIB promoverá la Coalición de Países Iberoamericanos Comprometidos con la Eliminación de Leyes Discriminatorias en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25), el programa más visionario para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Con esta iniciativa buscará comprometer a los gobiernos de Iberoamérica al más alto nivel, aprovechando la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Andorra en noviembre, para que concreten reformas legislativas durante el período 2020-2025, en respuesta a los retos y las oportunidades identificados en las fichas-país elaboradas por la SEGIB y ONU Mujeres con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).