Al inaugurar la cuarta reunión preparatoria de la Séptima Conferencia de los Estados Partes de la Convención de Belém do Pará, celebrada en esta ciudad, la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, se refirió a la importancia de combatir la violencia de género y cómo la equidad de género sigue siendo uno de los principales desafíos de desarrollo del siglo XXI, que debe abordarse de manera holística y multisectorial.
De Saint Malo de Alvarado reiteró que los acuerdos establecidos por los Estados en la Convención Belem Do Pará buscan combatir esta situación en las Américas y en Panamá, por lo cual nuestro país está complacido como sede de este mecanismo de seguimiento, ya que es parte fundamental de nuestra política exterior servir de punto de convergencia y puente de diálogo internacional.
Refiriéndose a las acciones emprendidas por el Gobierno de la República de Panamá en pro de incluir a mujeres en espacios de poder, la jefa de la diplomacia panameña mencionó la aprobación de la ley que establece el 30% obligatorio de participación de mujeres en las juntas directivas estatales y de empresas reguladas y la adhesión a la iniciativa del “Sello de Igualdad de Género” para implementar un programa de certificación para empresas y organizaciones que implementen políticas de igualdad y así cerrar las brechas laborales de género.
También dijo que se capacita a funcionarias del Estado como parte del programa de Mujeres Líderes Emergentes auspiciado por el BID en aras que cuenten con las herramientas necesarias para ocupar eficientemente cargos de alta responsabilidad; y que se han creado 14 centros Centro del Instituto Nacional de La Mujer (CINAMU) y albergues en todo el país a fin de facilitar la atención y la creación de una línea telefónica abierta 24/7 de denuncias.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.