Los gobiernos de la República de Panamá y de Estados Unidos firmaron este martes un acuerdo para compartir $36.5 millones en bienes criminales decomisados en el año 2000 resultado de la asistencia del gobierno panameño en la lucha contra el lavado de capitales, calificada como «increíble, consistente, confiable y de gran alcance”.

Este acuerdo ha sido suscrito entre Ana Isabel Belfon V, Procuradora General de la Nación de Panamá, y James Cole, Procurador General Adjunto de Estados Unidos, en una ceremonia protocolar realizada en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo como testigo de honor al canciller Fernando Núñez Fábrega. «Estados Unidos y Panamá, estamos orgullos se este logro, y reconocemos los esfuerzos desplegados por Panamá en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado», dijo Cole. «El acuerdo de hoy destaca, por medio de la repartición de bienes, el reconocimiento del Departamento de Justicia a la increíble asistencia provista por las autoridades panameñas”, añadió.

«Por más de 12 años, el apoyo de las autoridades panameñas ha sido consistente, confiable y de gran alcance”, subrayó Coles. El ministro Núñez Fábrega dijo que se creará una comisión binacional entre Estados Unidos y Panamá para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. Esa comisión compuesta por tres estadounidenses y tres panameños, incluyendo un funcionario de la cancillería, administrará los fondos entregados por Washington. “El acto reviste importancia particular porque Estados Unidos dispuso que fuera enviado a Panamá el Procurador General Adjunto, James Cole, y su equipo de trabajo”, señaló.

“Es un reconocimiento al papel desempeñado por Panamá en la lucha contra el narcotráfico, y a las acciones desplegadas por el país al blindar nuestras fronteras, nuestros mares y nuestro espacio aéreo, por medio de radares y lanchas patrulleras para tratar de impedir al máximo el trasiego de drogas por el territorio nacional”, resaltó el canciller Núñez Fábrega.

El Ministro Núñez Fábrega se reunió previamente en su despacho con el Procurador General Adjunto de los Estados Unidos. Este reparto de bienes tiene sus raíces en la amplia y vasta asistencia proporcionada por el Gobierno de Panamá en conexión con el caso de lavado de dinero del año 2000 que involucraba tiendas de joyerías de Panamá.

El acuerdo reconoce la primera vez que el Departamento de Justicia ha compartido bienes decomisados con el Gobierno de Panamá y es el segundo monto más grande compartido con un Estado extranjero. Por su parte, la Procuradora General de la Nación reiteró el compromiso de Panamá en la lucha contra el crimen organizado y destacó que el acuerdo exalta la gestión y asistencia mutua entre socios históricos como Panamá y Estados Unidos.

El reparto de bienes es el resultado de una investigación iniciada en 1998 por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y autoridades panameñas sobre Speed Joyeros S.A., que operaba desde la Zona Libre de Colón. Se descubrió que los dueños lavaban sumas masivas provenientes de ganancias derivadas de tráfico de narcóticos.

Los bienes decomisados serán utilizados para fortalecer la capacidad de Panamá de combatir el lavado de dinero y el decomiso de bienes ilícitos en investigaciones criminales y juzgamiento. Las leyes de Estados Unidos requieren que el reparto de bienes internacionales sea autorizado por un acuerdo internacional entre los Estados Unidos y el país destinatario. La comisión binacional que se encargará de supervisar el empleo de los recursos entregados a Panamá aprobará la selección de todos los programas y proyectos.

El acuerdo permite representación en el comité por parte de los Departamentos de Justicia, Tesorería y Estado de Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la Nación, y de los Ministerios de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.