Como resultado de un diálogo constructivo entre representantes de 32 organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, este martes, la República de Panamá sustentó el VII Informe de Estado de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La ocasión fue propicia para que la delegación panameña reiterara el compromiso de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen con la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
En su intervención, la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, se refirió a la importancia de las consultas públicas, destacando que éstas permiten que el Estado panameño incluya en la elaboración de políticas públicas las consideraciones de todas las partes interesadas. Destacó, el rol de ONU Mujeres en este proceso participativo, que buscaba reconocer los logros alcanzados y concretar los próximos pasos para la erradicación contra las mujeres, en todas sus formas, procurando su desarrollo social, cultural, educativo, económico y político.
Mientras que, la Ministra de Desarrollo Social. María Inés Castillo, abordó las acciones implementadas por el Estado panameño para promover la autonomía física y económica de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos. Citó como ejemplo, la activación del Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente a través de la aprobación de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención al embarazo en adolescentes y niñas y el trabajo impulsado desde el Consejo Nacional para la Paridad de Género para fomentar la empleabilidad e inserción laboral de mujeres jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad socioeconómica.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es considerado el tratado internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Participaron además, la Viceministra de Gobierno, Juana López, la Magistrada de la Corte Supresa de Justicia, Ángela Russo, así como también otros representantes de diferentes instituciones del Estado.