Con la adopción del Tercer Informe de la República de Panamá en materia de Derechos Humanos, bajo el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado panameño reitera su compromiso en la identificación, desarrollo y seguimiento de sus políticas públicas dirigidas a la igualdad y la no discriminación de sectores vulnerables como las mujeres, las personas con: discapacidad, orientaciones sexuales e identidad de género diversas, en situaciones de pobreza o marginación social, pertenecientes a pueblos indígenas o a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales; así como los migrantes y los afrodescendientes.
Haciendo eco de este compromiso, la canciller Erika Mouynes, en representación del Estado panameño, planteó ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este martes que el reconocimiento es la primera etapa en el ejercicio de protección de los derechos humanos. Sin embargo, quedarse allí no es suficiente, afirmó, que se hace inherente que se implementen garantías y se rindan cuentas de los compromisos adquiridos.
En su intervención, la canciller Mouynes, bajo la modalidad virtual, compartió que la realidad muestra que todos los países enfrentan desafíos en el cumplimiento de las normas de protección a los derechos humanos, por lo cual es absolutamente necesario sistemas de gobernanza en los que todos los responsables, las instituciones y los organismos, públicos o privados rindan cuentas y se sometan a leyes que se promulguen públicamente, se hagan cumplir en forma pareja y se resuelvan de manera autónoma y en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos”.
Explicó que, en el examen de Panamá, participaron 64 países de las Naciones Unidas, quienes hicieron 181 recomendaciones, las cuales fueron examinadas preliminarmente por los representantes de Chile, Nepal y Somalia. Luego de evaluar las 181 recomendaciones recibidas, con la participación de los tres Órganos del Estado y de diversas instituciones nacionales, se identificó que existe congruencia con las obligaciones establecidas en la legislación interna y la relación existente con las políticas de Estado, planes y programas que ya se encuentran en ejecución, por lo que se expresó el compromiso como Nación de continuar avanzando en la implementación de las 146 recomendaciones que fueron aceptadas plenamente. Las recomendaciones aceptadas son aquellas en cuyo espíritu y principio el Estado está de acuerdo, porque reflejan su normativa interna y está en capacidad de adelantar; aquellas en las que se tomó nota implican que se buscan todavía la mejor forma para llevarlas a cabo.
EPU es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones. Su objetivo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como éste.
