El presidente de la República, Juan Carlos Varela, inauguró hoy el Foro para Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión y Proyectos de Infraestructura, en el que se promoverá el diálogo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para reflexionar sobre la prevención de la corrupción, administrar las consecuencias de los eventos de corrupción y promover reformas legales e institucionales basadas en tecnologías de la información que incrementen la transparencia y la integridad.
El Foro fue propicio para que el presidente Varela hiciera un balance de la situación de Panamá en torno al tema. Recordó que recibió un gobierno en el que la mayoría de las empresas contratadas por la administración anterior para proyectos públicos habían participado en prácticas irregulares.
“Había miles de millones de dólares en obras en riesgos, con contratos desventajosos para el Estado, con decenas de miles de empleos comprometidos en proyectos que no habían sido licitados de la mejor manera, cientos de millones de dólares de fondos públicos desviados, instituciones debilitadas, el camino que llevaba el país no era sostenible”, detalló el Mandatario.
Señaló que “atender esta realidad no ha sido fácil, nuestra responsabilidad es cumplir con la transparencia, proteger la economía y a los inocentes”.
Por ello y atendiendo su visión de que “nadie está por encima de la Ley”, hizo un alto, puso orden, estableció prioridades e inició un proceso de corrección para asegurar la transformación de la vida pública y el uso del poder político sólo para servir al pueblo. “Hoy muchos de los responsables han tenido que rendir cuentas por sus actuaciones. Algunos han aceptado sus errores, cerrando ese capítulo; otros se resisten, queriendo buscar en otros la responsabilidad por las faltas cometidas por ellos mismos”, afirmó.
Evocó que en el año 2015 hizo un llamado a todas las personas que hubieran cometido actos de corrupción para que reconocieran su falta y devolvieran los dineros que se habían llevado y pertenecen al pueblo panameño, proceso en el que se esforzó en proteger las fuentes de empleo de los panameños y que los proyectos necesarios para la población no se detuvieran”.
El Mandatario citó que Panamá recuperó más de 100 millones de dólares de una empresa italiana que mantenía con el Estado un contrato que era “evidentemente lesivo” y esos recursos fueron invertidos en la compra de lanchas de interdicción, aviones de vigilancia aérea, helicópteros, barcos patrulleros, que nos permite mantener la lucha contra el narcotráfico”.
Enfatizó que Panamá ha dado pasos importantes en la lucha contra la corrupción. Uno de ellos ha sido aprobar la Ley 4 de 2017, que establece ajustes a la legislación de procedimiento penal para incorporar la posibilidad de que el Ministerio Público pueda llegar a acuerdos de pena con la parte procesada, que con una colaboración eficaz permita completar la investigación identificando otros involucrados y contribuyendo al esclarecimiento del delito.
El gobernante dijo que muchas empresas implicadas en actos de corrupción han asumido su responsabilidad y han sido condenadas a pagar multas importantes y a terminar las obras que ya comenzaron. “Los servidores públicos responsables de estos actos deben rendir cuentas y compensar los daños causados al estado”, sentenció.
El jefe del Ejecutivo destacó que hoy el mundo ve a Panamá como un país que supo asumir su responsabilidad, luchar contra la corrupción, proteger su sistema financiero y logístico, fortalecer su democracia, que es una de las más estables de la región.
Panamá es hoy uno de los países más seguros de América, con el crecimiento económico más alto de América Latina; una inflación inferior al 1% y desempleo inferior al 5,1%. La inversión extranjera ha aumentado en un 15%. “El valor de un gobierno honesto nos ha permitido reducir en cuatro años el déficit fiscal del 6,5% al 1%. Al mismo tiempo, hemos duplicado los salarios de 40,000 maestros, de 650 dólares al mes a 1,300 dólares al mes.
Además, se incrementaron los salarios en un 35% a más de 50 mil trabajadores de salud pública y un 30% a más de 25 mil agentes de seguridad en los últimos 4 años, detalló.
“De los dineros recuperados de la corrupción que superan los 400 millones de dólares, se han utilizado unos 342 millones de dólares para devolver a través de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM), a 500 mil ex trabajadores públicos y privados la bonificación anual que se les debía hace más 40 años”. Afirmó
El presidente afirmó que todo se ha logrado sin aumentar un solo impuesto, al mismo tiempo que se invirtió 7% del PIB anual en infraestructura pública, que está cerca de 3,75 mil millones de dólares por año.
“Durante mi Administración construiremos más de 2 mil kilómetros de carreteras; 100 mil casas; seis hospitales; 20 escuelas; 22 kilómetros de la línea 2 del metro; una terminal de cruceros en el Pacífico; un nuevo centro de convenciones y 2 nuevas plantas de tratamiento de agua y 4 plantas potabilizadoras”.
Durante el Foro se desarrollaron cuatro paneles. En el primero de ellos se presentó una perspectiva regional sobre el impacto de los recientes casos de corrupción en diferentes jurisdicciones de América Latina y el Caribe para identificar las lecciones aprendidas y los desafíos derivados de las investigaciones. También se analizaron los problemas, las diferentes respuestas y las medidas implementadas frente al hecho de corrupción en la contratación pública de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo las asociaciones público-privadas.
Otro de los temas debatidos fue el rol de la sociedad civil en la prevención, de la corrupción y el rol del sector privado para generar un ambiente de negocios con integridad y se realizó una demostración en vivo de plataformas tecnológicas para promover la transparencia en la inversión pública en la región.
Al evento asistieron la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; Luis Alberto Moreno, presidente del BID; Verónica E. Zavala Lombardi, representante del BID en Panamá, representantes del sector público, sector privado y de la sociedad civil.