Panamá expresó este lunes su posición firme de defensa de la institucionalidad democrática, la soberanía de los Estados y respeto al derecho internacional, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, e hizo un llamado a una transición ordenada y en paz para Venezuela, luego de la reciente captura del gobernante ilegítimo de ese país.
Este mensaje del gobierno, que lidera el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue expresado ante la comunidad internacional por el Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro de Alba.
Al referirse a la intervención armada, que dio con la captura de Nicolás Maduro, Alfaro expresó, en nombre de Panamá que, lamentablemente, la erosión sistemática de la democracia, el vacío institucional y el aumento de prácticas autoritarias y represivas en el hermano país, contribuyeron a ese desafortunado desenlace.
“Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y a los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad en nuestra región”, expresó Alfaro.
Igualmente, Panamá exigió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluyendo al panameño Olmedo Núñez, quien permanece detenido arbitrariamente sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas.
Alfaro también explicó que Panamá ha sido afectada directamente por la crisis humanitaria causada por el régimen venezolano, manifestada a través de la migración forzada de 9 millones de personas.
“Una crisis que ha tenido repercusiones regionales significativas, reflejadas tanto en los flujos de migración irregular, de sur a norte, de un número significativo de personas venezolanas, como los movimientos de migración inversa, que también incluye a muchos venezolanos, cuyos efectos se sienten de manera particular en los países de tránsito y destino a los que perjudica, incluida Panamá, que ha contribuido de manera decidida en la lucha contra la migración ilegal”, explicó.
“El poder emana del pueblo. Y como ha señalado el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo –el verdadero soberano- ya habló en las urnas, otorgando el triunfo indiscutible, con 70% de los votos, el pasado 28 de julio de 2024, al candidato de oposición Don Edmundo González Urrutia, así como a María Corina Machado, quien fue la candidata impedida por el régimen a pesar de haber ganado la primaria con el 93% de los votos el 22 de octubre de 2023”, sustentó Alfaro.
Agregó que “la popularidad de ambos ha aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares. El gobierno electo cuenta con los equipos y programas de trabajo listos para ser implementados de inmediato, para garantizar una transición ordenada que provea Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y confianza”.
“En coherencia con este compromiso, Panamá custodia con orgullo las actas electorales que acreditan de manera fehaciente dicha victoria, como testimonio del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su destino político”, insistió Alfaro.
La posición de Panamá expresada por Alfaro fue clara, al señalar que: “Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad. De igual forma, cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo, como Delcy Rodríguez, constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina”.
“Panamá no desea y quisiera evitar que la realidad venezolana pueda evolucionar simplemente en la situación que una crisis reemplace a la otra”, indicó Alfaro. “No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones”.
Concluyó Alfaro señalando que: “Panamá, desde su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, continuará contribuyendo de manera responsable a los esfuerzos colectivos orientados a preservar la paz, fortalecer la democracia y acompañar soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en la voluntad soberana de los pueblos, y en respeto al Derecho Internacional”.
