Carepa, Antioquia (Colombia), 9 de agosto, 2021.- En seguimiento de la reunión convocada por Panamá en Darién el pasado viernes, esta tarde se ha acordado con Colombia establecer una cuota para el número de migrantes irregulares que cruzan la frontera común.
Los equipos de trabajo conformados en Darién se encontraron hoy en Carepa, Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia, para poner en práctica los lineamientos señalados por las cancilleres Erika Mouynes y Marta Lucía Ramírez, durante su encuentro en Metetí.
La cifra acordada, que se divulgará el miércoles por común acuerdo, responde a la capacidad que migrantes que puede atender el sistema de acogida de Panamá.
El acuerdo binacional contempla, asimismo, el intercambio de información de manera oportuna y un reporte de los migrantes que se embarcan hacia Panamá, atendiendo las normas de seguridad y las medidas biosanitarias internacionales.
Para darle seguimiento a la evolución de la situación, las delegaciones panameña y colombiana se reunirán semanalmente.
Con este nuevo convenio, Panamá y Colombia harán una presentación conjunta de la ruta migratoria irregular en la que ambos son países de tránsito, durante la reunión ministerial convocada por el gobierno panameño para este miércoles 11 de agosto.
Ese informe será cotejado con Costa Rica, con quien Panamá ya tiene un sistema de cuotas para el paso ordenado y seguro de migrantes irregulares con destino a Norteamérica.
“Queremos presentar una postura común, Panamá, Colombia y Costa Rica, para ofrecer planteamientos concretos a los otros países que reciben a los migrantes o son su destino final e identificar nuestras respectivas responsabilidades”, declaró la canciller Erika Mouynes sobre la próxima cita.
La reunión ministerial, que se celebrará de forma virtual auspiciada por Panamá, contará con la participación de los cancilleres de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y México, y un representante del Departamento de Estado de los EEUU.
La delegación panameña que viajó hoy a Colombia estuvo encabezada por la vicecanciller Dayra Carrizo e integrada por la directora general de Migración, Samira Gozaine; el director general del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega; el director general del Servicio Nacional Aeronaval, Jeremías Urieta; el director de Investigación Judicial, Carlos Valencia; y el fiscal primero superior especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, junto con sus equipos técnicos.
