POSICIÓN DE PANAMÁ ANTE EL INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH

Ciudad de Panamá, (10 de noviembre de 2023). Como parte de su compromiso con la salud, seguridad y trato humanitario a las personas migrantes, Panamá ha trabajado y continúa trabajando de manera constante en sus capacidades interinstitucionales y junto a socios regionales y globales para priorizar un enfoque humanitario ante el drama humano que se vive en la provincia de Darién.

Panamá, un país de 4 millones de habitantes, históricamente ha sido un ejemplo de integración en materia de migración ordenada. Se estima que no menos del 15% de la población en el territorio nacional, es población migrante. Por ello, nuestro país no puede acceder a presiones internacionales que nos conminan a absorber de forma desordenada y en detrimento de nacionales y extranjeros residentes, a migrantes irregulares de forma masiva.

Asimismo, Panamá es uno de los primeros países de tránsito utilizados en la ruta de la migración irregular. Somos un país con vocación humanitaria; y por  mucho tiempo hemos articulado nuestros recursos limitados para brindar a los migrantes irregulares la atención humanitaria que necesitan, incluyendo el acceso a alimentos,  agua, asistencia médica, justicia, entre otros. El esfuerzo del Estado Panameño es innegable, aún siendo los recursos finitos contrapuestos a un crecimiento exponencial y no planificado de migrantes irregulares que transitan por nuestro territorio.

En el año 2022, Panamá recibió 248,284 llegadas irregulares, el mayor número de migrantes irregulares en un solo año desde 2009, todos a través de la provincia del  Darién. En 2023, esta cifra ha aumentado a más de 465 mil sólo en lo que va del año y lamentablemente, continúa incrementándose cada día.

Nuestro país ha alzado su voz en todas las esferas internacionales, expresando la necesidad de una responsabilidad compartida y de una acción inmediata, no sólo de los países involucrados, sino también de los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que tienen como mandato brindar atención en crisis como estas.

También hemos visibilizado internacionalmente la necesidad de recibir apoyo para combatir la delincuencia organizada transnacional y la delincuencia común que explota la Humanidad de estos migrantes irregulares y que requiere de la articulación con otros Estados para que la misma sea efectiva. Este compromiso se ha demostrado con hechos, a través de resultados operativos y condenas judiciales, especialmente en la región limítrofe con Colombia, en la que vemos un aumento del 67% en los últimos 3 años.

Lamentamos que el informe de Human Right Watch (HRW) no refleje los esfuerzos humanitarios del Gobierno de la República de Panamá y que incluso, no se exhorte a las organizaciones no gubernamentales y otros actores al cumplimiento de las normas panameñas para la consecución de la adecuada atención de la población migrante, especialmente cuando se hace referencia a los delitos relacionados con violencia sexual y a la obligatoriedad que las leyes panameñas establecen de poner a las autoridades competentes en inmediato conocimiento de hechos que pudieran considerarse delitos.

Igualmente, lamentamos que, si bien el informe hace referencia a redes de delincuencia organizada que operan fuera de los límites de la República de Panamá y que articulan las rutas informales y peligrosas de la migración irregular, se ensañe en realizar señalamientos a nuestro país, cuando en el mismo documento consta que estas redes obtienen millones de dólares anuales ilícitamente que les sirven de financiamiento de sus propias empresas ilícitas. Por el contrario, el informe y las declaraciones realizadas en la posterior rueda de prensa, ponderan la sofisticada organización que llevan a cabo.

Deseamos también resaltar que, dado el alto porcentaje de menores no acompañados que comienzan su viaje o pierden a sus tutores en el camino, Panamá desarrolló la iniciativa Operación “Luz Esperanza” con el objetivo específico de proteger a los menores que tienen el mayor riesgo de trata con fines de explotación sexual. Consideramos que éste y otros elementos que les fueron oportunamente proporcionados a HRW, merecen una atención objetiva al momento de hacer señalamientos contra un país que realiza una labor humanitaria como la que desarrolla Panamá, comparada con la que muy pocos países hacen a nivel regional.

Tal como lo indica el reporte presentado: “El Tapón del Darién es una selva pantanosa que se extiende entre el departamento colombiano del Chocó y la provincia panameña del Darién, formando una frontera natural no sólo entre Colombia y Panamá, sino entre América del Sur y América Central. La carretera Panamericana, que une Alaska, en Estados Unidos, y Ushuaia, en Argentina, sólo se interrumpe en los 106 kilómetros de densa selva.”

Nuestro país se hace eco de lo anterior y reitera que el Parque Nacional Darién no es, ni será por su propia naturaleza, un paso seguro para ningún migrante irregular porque además de ser el mayor parque natural de toda Centroamérica, desde 1981 fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, en 1982 se reconoció como Reserva de la Biósfera. Esto, conlleva acciones de especial protección, administración e integridad del sitio, entre las que se destacan salvaguardar la flora y fauna, en particular aquellas en peligro de extinción, proteger el recurso hídrico, así como coadyuvar en la protección del valor cultural e histórico del área, contenido en las poblaciones indígenas autóctonas que viven dentro del parque y sus alrededores. Esta, es una obligación de todos los Estados signatarios de las convenciones e instrumentos internacionales que protegen el parque y sus zonas indígenas, por lo que en todo momento se debe considerar que Darién no es una ruta para la migración regular, segura y ordenada.

Pretender que Panamá debe dar asilo a los migrantes irregulares es dar validación a una ruta que por motivos geográficos imposibilita dicha atención. Ha sido nuestro país el que en un sinnúmero de ocasiones ha insistido en que “Darién no es una ruta, es una jungla” e incluso la ha convertido en una campaña comunicacional internacional, extendiendo la invitación a todos los países de origen, tránsito y destino a unirse, así como también a los organismos internacionales. Extendemos también la invitación a HRW.

Es interesante ver que hasta ahora un organismo como HRW postule que Darién es una selva densa, pero además en un informe suyo lo contradiga al indicar que Panamá debe reconocer esa zona como una ruta regular.

El informe tampoco toma en cuenta  que muchas de las personas migrantes han viajado de terceros países, cuestión que contradice la recomendación de acogida migratoria o a través de mecanismos de protección internacional en otros países de la región.

Como país cooperante, y a su vez miembro de la comunidad internacional, nos interesa que sean conocidas nuestras acciones concretas y proactivas. La rendición de cuentas de todos los actores involucrados es fundamental para que organismos como HRW lleven a cabo su labor de una forma más eficiente, y así poder todos contribuir en aliviar el dolor, que hoy más que nunca tiene un rostro humano.

Panamá estuvo, está y continuará adaptando estrategias para apoyar la seguridad de los migrantes que emprenden el peligroso viaje a través del Parque Nacional Darién.