Contrariamente a lo sugerido por las recientes revelaciones de “Panama papers”, el país está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, dijo su ministra de Relaciones Exteriores.

Por ISABEL DE SAINT MALO DE ALVARADO
Publicado por el periódico Le Monde el 15 de abril de 2016.
El escándalo, injustamente conocido como “Panama papers” irrumpió en la escena internacional el 3 de abril,  poniendo los proyectores en los meandros de la codicia de los ricos de este mundo. Esta fuga de documentos, relativos a las sociedades “offshore” con vínculos con los ricos y famosos, sacudió al mundo con las revelaciones que muestra hasta qué punto algunos pueden ir con el fin de ocultar sus riquezas.
Como los documentos publicados hasta la fecha lo han demostrado, la evasión fiscal es un problema global de la que ninguna nación puede escapar, ni siquiera Francia. Es por ello que Panamá considera que sólo un enfoque basado en la cooperación y la diplomacia puede establecer una transparencia jurídica y financiera a nivel mundial.
Esto no quiere decir que cada país no debe desempeñar su papel. Todas las naciones – incluyendo Panamá – pueden y deben fortalecer su sistema financiero para reducir al mínimo el riesgo de desviación. Pero cuando se trata de abordar los problemas sistémicos de la evasión fiscal, que priva a los contribuyentes de $ 200 mil millones de dólares anuales, el unilateralismo no es, evidentemente, la solución correcta.
Los 11 millones de documentos contenidos en la fuga muestran que la mayoría de las sociedades creadas por el bufete de abogados de Panamá, Mossack&Fonseca se basan realmente en otros países. Panamá ocupa un mejor lugar, en la última edición del ranking anual elaborado por la ONG Tax Justice Network, que muchos países, entre ellos algunos miembros de la OCDE, con respecto a la transparencia financiera.
Esa es la razón por la cual la diplomacia y la comunicación son esenciales en esta etapa, no amenazas y sanciones. Con este fin, el Gobierno de Panamá ha abierto un diálogo productivo con las autoridades francesas, incluyendo al presidente Hollande para discutir las medidas concretas que deben adoptarse con el fin de garantizar una mejor cooperación e implementación de un Convenio fiscal bilateral Francia-Panamá más eficaz.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha constituido una comisión de expertos independientes para evaluar nuestro sistema financiero, identificar las mejores prácticas, y recomendar medidas específicas para fortalecer la transparencia financiera y judicial mundial. Estamos a la espera de sus conclusiones en los próximos seis meses, y vamos a comunicarlos a otros países.
Estas etápas siguen  una serie de reformas en Panamá para promover una mayor transparencia financiera. Desde que asumió el cargo en 2014, el presidente Varela ha implementado nuevas regulaciones llamadas “Conoce a tu cliente” y ha establecido una sólida red de tratados fiscales para el intercambio de información legal sobre las empresas. Además, estamos comprometidos con la certificación obligatoria de la identidad de los accionistas de cada sociedad, para concluir nuevos acuerdos internacionales para compartir información, y para implementar regulaciones más estrictas para los proveedores de servicios financieros, así como para las principales empresas no financieras.
Estas reformas han sido reconocidas y validadas por la comunidad internacional, incluyendo también el Grupo Intergubernamental de Acción Financiera de blanqueo de capitales [de los cuales son miembros las principales economías mundiales], que mencionó un “progreso significativo” de Panamá en la lucha contra el lavado de capitales cuando nos retiraron de su “lista gris” durante el año. Este retiro se llevó a cabo en un tiempo récord. También hemos progresado positivamente en un examen realizado y patrocinado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, los “Panama Papers” son más que un término equivocado. El caso fue difundido injustamente en los medios de comunicación como un escándalo que involucra a las estructuras de las empresas “offshore”. Como centro internacional de negocios, Panamá trata a todas las sociedades de forma idéntica. La idea de que Panamá es un “paraíso fiscal” para las sociedades internacionales se debe a que sólo el ingreso generado en Panamá, independientemente de los ingresos obtenidos en el extranjero, están gravados. Sin embargo, todas las transacciones en Panamá están sujetas a impuestos bajo las leyes de las jurisdicciones pertinentes. Nuestro gobierno fortaleció las leyes mediante la imposición de nuevas regulaciones, pero estas políticas todavía pueden ser desviadas para fines ilícitos.
UNA LUCHA COLECTIVA
Panamá está decidida a adoptar todas las reformas de transparencia financiera necesarias para la satisfacción de la comunidad internacional. El gobierno de Panamá anunció su compromiso con el intercambio automático de información financiera, y hemos propuesto procedimientos que consideramos coherente con los objetivos de la comunidad internacional, incluyendo la OCDE.
Además, Panamá continuará su cooperación con Francia y otras jurisdicciones con el fin de perseguir las infracciones al código penal panameño, asi como continuará respetando los numerosos tratados internacionales que nuestros socios en todo el mundo han ratificado con la República de Panamá. También reiteramos nuestra disposición en entablar un diálogo con la OCDE y su Foro Mundial respecto a la firma de acuerdos en materia de transparencia financiera que puedan promover el desarrollo económico de nuestros países.
Aunque reconocemos que estas reformas significan poco hasta su aplicación y cumplimiento, no hay que olvidar que después de ser gobernada por una dictadura durante años, Panamá es hoy una democracia estable. A través de nuestros esfuerzos para transformar a nuestro país en un centro económico de primer lugar, más de 100 sociedades transnacionales han establecido sus sedes regionales. Esperamos que a través de nuestros esfuerzos de reforma y una mayor cooperación internacional, nuestro país será aún más atractivo para las empresas multinacionales que deseen actuar como ciudadanos globales responsables.
El Presidente Hollande, en un discurso en 2013, prometió una “lucha sin tregua” contra la delincuencia financiera. Panamá se presenta como un socio para conducir esta lucha. La evasión fiscal es un delito cometido por personas privadas y despoja tanto a los países desarrollados y los países en desarrollo de los ingresos necesarios para la salud, la educación y las infraestructuras.
La República de Panamá, siendo ella misma un país en desarrollo, rechaza permitir que dicha actividad continue. Sin embargo, estamos conscientes de los límites de lo que podemos hacer solos. La feroz lucha por una mayor transparencia financiera global debe ser colectiva.
Le Panama combat l’évasion fiscale 

Par Isabel de Saint-Malo de Alvarado, Vice-présidente et Ministre des affaires étrangères du Panama
Publié dans Le Monde du 15 avril 2016

Le scandale, injustement connu sous le nom de « Panama Papers » a éclaté sur la scène internationale la semaine dernière, braquant les projecteurs sur les méandres de la cupidité des riches de ce monde. Cette fuite de documents piratés illégalement, relatifs aux soi-disant sociétés «offshore» ayant des liens avec des personnalités riches et célèbres, a secoué le monde avec des révélations montrant jusqu’où certains peuvent aller afin de cacher leur fortune. Comme les documents publiés jusqu’ici l’ont montré, l’évasion fiscale est un problème global auquel aucune nation n’échappe, pas même la France. C’est la raison pour laquelle le Panama estime que seule une approche reposant sur la coopération et la diplomatie peut permettre d’établir une transparence judiciaire et financière au niveau mondial.

Cela ne veut pas dire que chaque pays ne devrait pas jouer son rôle. Chaque nation – y compris le Panama – peut et doit renforcer son système financier, afin de minimiser le risque de détournement. Mais quand il s’agit de relever les défis systémiques de l’évasion fiscale, qui prive les contribuables de 200 milliards de dollars chaque année, l’unilatéralisme n’est évidemment pas la bonne solution.

Les 11 millions de documents contenus dans la fuite montrent que la majorité des sociétés créées par le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca sont en réalité basées dans d’autres pays. Le Panama occupe une meilleure place dans la dernière édition du classement annuel établi par l’ONG Tax Justice Network que de nombreux pays, dont certains membres de l’OCDE, en ce qui concerne la transparence financière.

Voilà pourquoi la diplomatie et la communication sont essentielles à ce stade, et non les menaces et les sanctions. À cette fin, le gouvernement du Panama a ouvert un dialogue productif avec de hauts responsables français, dont le président Hollande, pour discuter des mesures concrètes à entreprendre dans le but d’assurer une meilleure collaboration, ainsi que la mise en œuvre d’une convention fiscale bilatérale France-Panama plus efficace.

Le Président du Panama, Juan Carlos Varela, a constitué une commission d’experts indépendants pour évaluer notre système financier, déterminer les meilleures pratiques, et recommander des mesures spécifiques visant à renforcer la transparence financière et judiciaire mondiale. Nous attendons leurs conclusions dans les six prochains mois, et nous les communiquerons à d’autres pays.

Ces étapes suivent une série de réformes au Panama visant à promouvoir une plus grande transparence financière. Depuis son entrée en fonctions en 2014, le président Varela a mis en place de nouvelles réglementations dites «Connaissez votre client»  et a établi un réseau de conventions fiscales solide qui permet l’échange d’informations légales sur les entreprises. De plus, nous nous sommes engagés à la certification obligatoire des identités des actionnaires de chaque société, à conclure de nouveaux accords internationaux de partage de l’information, et à mettre en œuvre des règlements plus stricts pour les fournisseurs de services financiers ainsi que pour les principales entreprises non financières.

Ces réformes ont été reconnues et validées par la communauté internationale, y compris par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, qui a cité les “progrès significatifs” du Panama dans la lutte contre le blanchiment de capitaux [dont sont membres les principales puissances économiques], qui a cité les « progrès significatifs » du Panama dans la lutte contre le blanchiment de capitaux lorsqu’il nous a enlevé de sa «liste grise » au cours de l’année. Ce retrait a eu lieu en un temps record. Nous avons également progressé de façon positive dans un examen conduit et commandité par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Et pourtant, les «Panama Papers» sont plus qu’un abus de langage. L’affaire a été injustement relayée dans les médias comme un scandale impliquant des structures d’entreprises « offshore ». En tant que centre d’affaires international, le Panama traite toutes les sociétés de manière identique. L’idée que le Panama est un “paradis fiscal” pour les sociétés internationales provient du fait que seuls les revenus générés au Panama, sans tenir compte de ceux gagnés à l’étranger, y sont imposés. Cependant, toutes les transactions au Panama sont imposables en vertu des lois des juridictions concernées. Notre gouvernement a renforcé ces lois en imposant de nouvelles règlementations, mais ces politiques peuvent encore être détournées à des fins illicites.

Le Panama est résolu à adopter toutes les réformes de transparence financière nécessaires à la satisfaction de la communauté internationale. Le gouvernement du Panama a annoncé son engagement à l’échange automatique d’informations financières, et nous avons proposé des procédures que nous estimons correspondre aux objectifs de la communauté internationale, y compris l’OCDE.

En outre, le Panama poursuivra sa coopération avec la France et les autres juridictions afin d’engager des poursuites en cas d’infraction du code pénal panaméen, tout comme il continuera à respecter les nombreux traités internationaux que nos partenaires du monde entier ont ratifié avec la République du Panama. Nous réitérons également notre volonté d’engager un dialogue avec l’OCDE et son Forum mondial en ce qui concerne la signature d’accords de transparence financière qui peuvent favoriser le développement économique de nos pays.

Bien que nous reconnaissions que ces réformes signifient peu jusqu’à ce qu’elles soient mises en œuvre et appliquées, il ne faut pas oublier qu’après avoir été gouverné par une dictature durant des années, le Panama est aujourd’hui une démocratie stable. Grâce à nos efforts pour transformer notre pays en un pôle économique de premier plan, plus de 100 sociétés transnationales y ont implanté leurs sièges régionaux. Nous espérons que, grâce à nos efforts de réforme et à une coopération internationale accrue, notre pays deviendra encore plus attrayant pour les entreprises multinationales qui cherchent à agir en citoyens du monde responsables.

Le Président Hollande, dans un discours en 2013, a promis une “lutte acharnée” contre la criminalité financière. Le Panama se présente comme un partenaire prêt à mener ce combat. L’évasion fiscale est un crime commis par des personnes privées et elle dépouille les pays développés comme les pays en développement des ressources nécessaires pour la santé, l’éducation et les infrastructures.

La République du Panama, étant elle-même un pays en développement, refuse de laisser une telle activité se poursuivre. Toutefois, nous reconnaissons les limites de ce que nous pouvons faire seuls. La lutte acharnée pour une plus grande transparence financière mondiale doit être collective.