El ministro de Relaciones Exteriores encargado, José Raúl Mulino, negó que funcionarios del gobierno panameño hayan recibido soborno en el fallido contrato para la construcción de cuatro cárceles móviles, por 176 millones dólares.
Las declaraciones del Canciller Encargado y también ministro de Seguridad Pública, Mulino se dieron hoy, durante una reunión con el Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en la cual también participó el Nuncio Apostólico, Monseñor Andrés Carrascosa.
“Para el gobierno de la República de Panamá es de fundamental importancia que los representantes diplomáticos acreditados en nuestro país conozcan la versión verdadera, con los datos precisos y claro, de todo lo que ha sido los contratos de cooperación de seguridad con el gobierno de Italia”, indicó.
Durante su intervención el Ministro afirmó que jamás hubo un sobreprecio de 33 millones de dólares, sino que es el diferencial que nunca se usó y no se va a usar, a pesar de que hay la posibilidad autorizada del Consejo de Gabinete. Agregó, que todavía por una ilegibilidad de dinero que pueda rondar entre los 20 y 25 millones de dólares, que no se usaron, porque los precios convenidos fueron menos, a pesar de la autorización que me medio a mí como titular de Seguridad Pública, el Consejo de Gabinete.
El Ministro dijo que no consta en ninguno de los contratos- que están todos en la web del Ministerio de Seguridad Pública- el pago de comisión alguna, porque en este trabajo no hubo intermediario y aunque hubiera habido, nosotros estábamos con el gobierno de Italia, como contraparte de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
Aclaró que “no es legal en Panamá pagar comisiones. Ese es un concepto que queda en el aire desde hace muchas décadas, en donde decían en tiempos del gobierno militar, que cada ministro del Ministerio de Planificación y Política Económica de esos tiempos, que negociaba un acuerdo, ganaba una comisión”.