Mesas de trabajo, encuentros, giras y múltiples gestiones técnicas de especialistas fueron parte de los esfuerzos ejecutados por el Gobierno de la República de Panamá por más de 19 meses, a través de la Comisión de Alto Nivel sobre Barro Blanco, para promover el diálogo y la búsqueda de consenso sobre el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, garantizando los mecanismos de transparencia y responsabilidad, dentro del marco jurídico.

Estas rondas de negociaciones lideradas por la Vicepresidenta y Canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado permitieron llegar a un acuerdo sin precedentes que subsanará las incompatibilidades que generó el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

El documento que se suscribió este lunes incorpora acuerdos en los ejes: social, ambiental, cultural y económico, y en ellos se incluyen propuestas para atender y subsanar las incompatibilidades planteadas en la mesa de diálogo.

Proceso

Inicialmente el Gobierno aseguró las bases para un diálogo respetuoso apostando por la tolerancia para alcanzar acuerdos y cumplir con los derechos de terceros, las leyes nacionales y el resguardo de la seguridad pública.

La primera fase del diálogo permitió adquirir un panorama más claro de las implicaciones, beneficios y desventajas del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, al tiempo que se evidenció la importancia de sumar a otros actores impactados por el proyecto.

El 21 de febrero de 2015 se instaló la Mesa del Diálogo sobre el proyecto Barro Blanco en el Distrito de Tolé, con la participación de autoridades tradicionales de la Comarca Indígena, el Gobierno Nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 10 de agosto de 2015, el Gobierno Nacional y Autoridades Tradicionales llegan a un acuerdo con el fin de dar continuidad al diálogo entre las partes en la búsqueda de soluciones; acordaron crear una nueva comisión técnica para evaluar en conjunto el proyecto.

El acuerdo fue firmado por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la Cacica General de la Comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, las partes se comprometieron a dar continuidad al proceso de diálogo sobre la viabilidad y factibilidad ambiental y social de la hidroeléctrica a orillas del río Tabasará, en Tolé.

Concluida la primera parte del diálogo entre las partes se inició la segunda fase de la Mesa del Diálogo. En la segunda fase del proceso de diálogo, y dando cumplimiento al primer punto del acuerdo firmado, se conformó un equipo técnico (con miembros de ambas partes) que concluyó que la presa es una obra segura.

Como tercera fase del proceso, la Comisión Indígena junto al equipo de Gobierno se proponen recabar insumos para coordinar una propuesta de trabajo para abordar y discutir las incompatibilidades encontradas entre las partes durante la segunda fase del diálogo relativa a los aspectos ambientales, culturales, sociales y económicos del proyecto y presentar propuestas para encontrar la solución.

Se intentó un acercamiento al grupo ambiental conocido como Movimiento 10 de abril (M10) para informarles sobre el proceso hasta ese momento y no mostraron interés.

Paralelo al diálogo, el gobierno atendió a personas que pedían la cancelación del proyecto. El Presidente Varela y la Vicepresidenta De Saint Malo de Alvarado atendieron con prontitud a la Señora Clementina Pérez y a sus seguidores y le hicieron saber, que a pesar de no ser afectados directos, el Estado tenía interés en apoyarles a través del programa Techos de Esperanza.

Todas las personas que se encontraban en áreas inundables y de predios privados del Proyecto Hidroeléctrico, fueron trasladados el 23 de mayo por los estamentos de seguridad del Estado hacia el Centro Misional Jesús Obrero de Tolé.

Al menos 7 visitas realizó el Presidente de la República a personas y grupos opositores al Proyecto Hidroeléctrico para presentarles los avances y retos que representaba esta obra para la Comarca; y en dos ocasiones participó en la mesa de diálogo, lo que le permitió tener un intercambio abierto con las personas que manifestaron su oposición.

En la cláusula 3 del acuerdo generado a partir de la mesa de diálogo, las partes se comprometieron a continuar el diálogo sobre la viabilidad del proyecto y a analizar las opciones de solución sobre el futuro del mismo. Un requisito básico para continuar el diálogo era realizar una prueba técnica de funcionamiento y resistencia para constatar que no tuviera defectos que afectaran severamente su funcionamiento, sin embargo, la realización de estas pruebas ha generado señalamientos de que se podría estar incurriendo en violaciones a los derechos humanos.

El 24 de mayo  de 2016, se procedió a trasladar a un grupo de personas de la iglesia Mama Tadta que se encontraban en las áreas inundables (estas personas no habitaban en el área del proyecto) dentro de los parámetros legales y asegurando el respeto a sus derechos humanos.

La decisión sobre el llenado de prueba del embalse, fue una decisión extraída de las conversaciones y acuerdos con las mesas técnicas.

Las Autoridades Comarcales y sus Consultores concluyeron que el Gobierno debía adquirir el proyecto y evaluarlo desde un punto de vista económico, social y político. En atención a eso, los días 22 y 23 de mayo de 2016 el Gobierno realizó reuniones en las áreas anexas al proyecto, en las que explicó que se daría inicio al llenado de pruebas lo que hacía necesaria la reubicación de las personas que se encontraban en las áreas de inundación.

Este diálogo, iniciado en febrero del 2015 bajo el liderazgo de la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, llegó a su momento cumbre este lunes con compromisos en los ejes de incompatibilidades del proyecto.

Los principales puntos del acuerdo son:

La operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco será manejada por un tercero independiente con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.

Se priorizará que el 50% del personal sea indígena, de la Comarca Ngäbe-Buglé, y campesino.

El Gobierno de la República se compromete con las autoridades comarcales a crear un fideicomiso, con aportes del Gobierno por el término de la concesión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, eco turísticas y artesanales, formación de capital humano y electrificación rural, en las comunidades indígenas y campesinas aledañas al proyecto hidroeléctrico de barro blanco, con prioridad en las comunidades del Distrito de Munä.

El Gobierno, en atención a las circunstancias particulares, que originaron la crisis que se resuelve por medio de este acuerdo, procederá a la cancelación de cualquier concesión de proyectos hidroeléctricos que existan sobre el río Tabasará. Las concesiones futuras en la comarca Ngäbe Buglé y campesino contarán con la aprobación de la población por medio de un referéndum y después ser aprobado por el pleno del Congreso Local, Congreso Regional y Congreso General y será para el beneficio de las comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé y campesinas.