El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha llamado a consultas a su embajador en Ecuador, José Noriel Acosta, para expresar su malestar por la reiterada negativa del Gobierno de la República de Ecuador a devolver a Panamá el barco Doria retenido en octubre pasado contraviniendo los convenios internacionales suscritos por ambos países.
El gobierno de Ecuador ha pretendido vincular el caso de la embarcación Doria con sus pedidos de extradición del exlegislador ecuatoriano Galo Tito Lara Yépez, quien recibió asilo territorial en Panamá.
Ecuador no ha presentado un asidero jurídico para sustentar tal extradición y Panamá ha reiterado su tradicional política de asilo para ciudadanos que no cuentan con el pleno derecho ante la ley en sus países de origen.
La embarcación Doria, de bandera panameña, fue detenida en octubre pasado a 126 millas náuticas de las costas de Ecuador, en aguas internacionales fuera de su jurisdicción, en abierta violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula este tipo de procedimientos y de la cual ambos países son signatarios.
El artículo 91 se dicha Convención establece que “los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar”. Conforme a su artículo 94 se establece que todo Estado “ejercerá su jurisdicción de conformidad con su derecho interno sobre todo buque que enarbole su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación.” En consideración, se entiende que la República de Panamá tiene, en forma exclusiva, la jurisdicción sobre la embarcación Doria.
De acuerdo a esa Convención, las autoridades ecuatorianas debieron notificar al Gobierno de Panamá antes de ejecutar la operación y, una vez realizada, entregar la embarcación a jurisdicción panameña para deslindar las responsabilidades que establece la ley.
La jueza ecuatoriana Gina Zambrano, de la Unidad Judicial de lo Penal que lleva el caso, reconoció la jurisdicción de Panamá sobre la embarcación, conforme a la documentación aportada por las autoridades panameñas, y manifestó su intención de que el proceso se acortara lo máximo posible.
El ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, se comprometió públicamente en la inmediata liberación de la nave, su carga y sus tripulantes. Esa acción no se ha concretado en una demostración por parte del gobierno de Ecuador de su clara intención de dilatar el proceso.