Esta noche recibimos información extra oficial de que el Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé no aprobó el Acuerdo para resolver las diferencias sobre las incompatibilidades del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco por un margen de 11 votos.   De los 300 delegados del Congreso habilitados para votar sólo participaron 141, de los cuales setenta y seis votaron en contra y sesenta y cinco a favor.

Aunque no hemos sido notificados mediante comunicación oficial en torno a la consideración del Congreso, en cualquier caso el Gobierno Nacional mantiene su disposición al diálogo con el Congreso y otras autoridades comarcales. De la misma manera, exhortamos a los actores a debatir a profundidad los términos del acuerdo los cuales son positivos para la comarca en particular y para el país en general. La Vicepresidenta exhorta también  a evitar mezclar el proyecto Barro Blanco con las políticas internas de la Comarca.

El acuerdo firmado en la Mesa del Diálogo respeta la seguridad jurídica, a la vez que respeta el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades aledañas.  A través de este Acuerdo se traspasaría la operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la cual sería manejada por un tercero independiente con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.

Se priorizaría que el 50% del personal sea indígena, de la Comarca Ngäbe-Buglé, y campesina. Asimismo, el Gobierno de la República se comprometía con las autoridades comarcales a crear un fideicomiso, con aportes del Gobierno por el término de la concesión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, eco turísticas y artesanales, formación de capital humano y electrificación rural, en las comunidades indígenas y campesinas aledañas al proyecto hidroeléctrico de barro blanco, con prioridad en las comunidades del Distrito de Munä.

Dada la decisión tomada por el Congreso, el Gobierno Nacional se mantiene a disposición de buscar una salida dialogada a la vez que cumplirá su responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica.