Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, una delegación de autoridades de GAFILAT que se encuentra en Panamá para una visita pre-evaluación, sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayú Prado; la Viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; y el Diputado Adolfo Valderrama, Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. GAFILAT expresó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, los cuestionarios técnicos y de efectividad y las visitas in-situ que el Grupo de Acción Financiera (GAFI)realizan como parte de la metodología de evaluación bajo los estándares internacionales que los países miembros deben implementar. El principal objetivo, explicaron, es una medición en torno a los avances y logros que ha tenido el país en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La jefa de la diplomacia panameña reiteró en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panameñas en todo lo que se requiera para concretar este proceso. “Desde hace más de dos años Panamá años inició un proceso de transformación de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en día cuenta con una renovada política de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad”, indicó de Saint Malo de Alvarado, agregando además que el país considera “sumamente importante tener el punto de vista de una organización externa e independiente”. En el marco de esta visita de pre evaluación las Altas Autoridades panameñas se reunirán con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), así como con el sector privado. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.