El Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Policía Nacional durante el mes de febrero iniciaron una jornada de capacitación a nivel nacional dirigida a los estamentos de seguridad en el marco del Programa de Protección y Asistencia a migrantes en Situación de Vulnerabilidad, implementado por la OIM. Con estas jornadas se busca fortalecer las capacidades institucionales para la protección y asistencia de migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente, las víctimas del delito de trata de personas y las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes.
Esos talleres iniciaron en David, Chiriquí y en la Frontera de Paso Canoas y continuarán los días 10 y 11 de marzo cubriendo las provincias de Herrera y Los Santos y para las fechas del 24 y 25 de marzo en Bocas del Toro y Changuinola.
Por la Cancillería participa Johanna Aguirre, abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados y especialista en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, para explicar el rol de la entidad como parte de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Por la Policía Nacional, el Capitán Edgar Justavino, jefe de la Sección de Extranjería y Gonzalo Medina, Oficial de Proyectos, de la unidad de Trata de Personas y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La República de Panamá forma parte de los instrumentos internacionales para luchar contra el crimen organizado transnacional y protocolos adicionales para combatir la trata de personas, el tráfico de migrantes y las armas de fuego, adoptados por las Naciones Unidas y la Cancillería como gestor de la política exterior panameña, debe velar porque estos sean cumplidos.
Panamá, por ser un país de tránsito, destino y origen en materia de Trata de Personas juega a nivel internacional un papel preponderante en la lucha contra este flagelo, y en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de este delito. Durante la reunión en Chiriquí se explicó cuáles son los mecanismos empleados por las autoridades gubernamentales para garantizar la asistencia, protección oportuna y efectiva de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad en materia de trata de personas, por medio de la coordinación interinstitucional binacional entre Costa Rica y Panamá.