El día de ayer la República de Panamá recibió la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre una condena porviolación de los derechos a la propiedad colectiva y a la protección judicial de los miembros del pueblo Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano.
Responsablemente, el Estado de Panamá creará una comisión interinstitucional para dar seguimiento a lo estipulado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso surge a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica de Bayano en 1972, para lo cual se inundaron las tierras que habitaban los pueblos indígenas de la zona y fueron trasladados a tierras alternativas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas afectadas, por no haber delimitado, titulado, ni demarcado por varios años las tierras alternativas asignadas al pueblo Kuna de Madugandí y a las comunidades Emberá de Ipetí y Periatí.
En los últimos años Panamá ha dado pasos firmes en la mejora de las leyes nacionales en materia indígena y hoy en día cuenta con una de las legislaciones más avanzadas, para la protección y reconocimiento de derechos a los pueblos originarios.
Es un compromiso del Gobierno que dirige el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.