El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez realizó un reconocimiento internacional a los pueblos indígenas de Bayano, según lo dictado por la sentencia del 14 de octubre del año 2014 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

Cumpliendo su compromiso con los pueblos indígenas Kuna y Emberá, el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez en nombre del Gobierno de la República de Panamá, entregó una compensación económica por más de 2.5 millones de balboas a los pueblos Kuna de Madugandí y las Comunidades Emberá de Ipetí y Piriati, las cuales fueron afectadas por la construcción de la represa hidroeléctrica de Alto Bayano construida en 1972.

A través del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 14 de octubre de 2014, se consideró como parte lesionada ambos pueblos indígenas y se ordenó “pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos”.

“En nombre del Estado panameño, quiero pedir disculpas a todos nuestros hermanos de los pueblos originarios afectados por este caso y formulo votos para que nunca olvidemos lo sucedido y aprendamos como nación de los errores cometidos, para que estos acontecimientos y las malas decisiones que los ocasionaron, no vuelvan a repetirse en la historia de nuestro país”, manifestó el mandatario.

Añadió que el Gobierno de la República de Panamá honrará los compromisos y obligaciones del Estado panameño en materia de Derechos Humanos. “Hoy formalizamos la entrega de cheques a favor de los pueblos Kuna de Madungandí por más de 2 millones de balboas y a las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí por el monto de 560 mil balboas”.

Acompañado en este acto público por la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, el Presidente de la República sostuvo que junto con la entrega de estos cheques de compensación, se ratifica el firme compromiso de su Gobierno con el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos de todos los panameños, la cual es una “condición indispensable para que nuestra democracia crezca y se fortalezca”.

Varela Rodríguez añadió que su administración tiene un compromiso con la nación panameña y uno de los mayores legados durante su gestión será contribuir a la paz, el bienestar y la prosperidad de las futuras generaciones del país.

El Estado panameño ha ido avanzando en el cumplimiento a las reparaciones correspondientes en el tiempo señalado, fiel con su compromiso de defender y promover los derechos humanos.  Además, en un hecho sin precedentes, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitarán Panamá esta semana por invitación del Gobierno de Panamá, para realizar una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la mencionada sentencia y un recorrido por las comunidades afectadas.

Tal como lo afirmó el Presidente en Akua Yala, sede del acto público de reconocimiento internacional, Panamá desea contribuir al fortalecimiento de los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que continúen gestionando esa tutela efectiva de los derechos y libertades fundamentales consagradas en la Convención Americana.

Junto al Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez participaron de este evento la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado; el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia; el Cacique General de la Comarca Kuna de Madungandí, Fidel Díaz; y el Cacique General del Congreso General Emberá de Alto Bayano, Jerónimo Cansarí.

Antecedentes

En 1972 y a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano, los territorios de los Pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, fueron inundados por la obra de embalse de la represa.

Los pueblos fueron reubicados por el Estado en tierras alternativas entre los años 1973 y 1975 mediante Decreto Ejecutivo. La hidroeléctrica terminó de construirse en 1976, pero el 11 de mayo de 2000 el caso fue sometido a la CIDH y obtuvo Admisibilidad el 11 de abril de 2009.

Posteriormente, la CIDH envió el caso a la Corte IDH el 26 de febrero de 2013 porque consideró que Panamá no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso.

El 14 de octubre de 2014, la CIDH determinó que Panamá era responsable internacionalmente por la violación del derecho a la propiedad colectiva (art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) por no delimitar, demarcar y titular las tierras alternativas del Pueblo Kuna y las comunidades Ipetí y Piriatí del Pueblo Emberá, y por haber otorgado un título de propiedad individual superpuesto a la propiedad de la comunidad Piriatí de Emberá, lo que limitaba el goce efectivo de dicha propiedad.