Panamá 4 de febrero, 2022.- El Ministerio de Relaciones Exteriores acogió hoy la primera reunión de la Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) para acelerar la ejecución de las recomendaciones recibidas de la Unión Europea y asegurar el acceso de los productos pesqueros panameños a sus importantes mercados.

Recibidos por la vicecanciller Dayra Carrizo, la cita convocó a diez diferentes instituciones y organismos del Estado, todos vinculados directamente con las actividades pesqueras y la implementación y fiscalización de la normativa que las regula.

“En este importante encuentro, todos respondemos al mandato de velar por los mejores intereses del país. Tenemos que convertir nuestras debilidades en fortalezas y cumplir con los compromisos internacionales que nos colocan como actores válidos a nivel mundial. Tenemos el marco jurídico y es nuestra responsabilidad implementarlo con eficiencia”, destacó la vicecanciller Carrizo al dar la bienvenida a la comisión.

La jornada de trabajo se centró en el Plan de Acción desarrollado por el país, interinstitucionalmente, para colaborar al más alto nivel con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DGMARES), que ha comunicado a Panamá su preocupación por las debilidades en los controles del sector pesquero nacional, al que se ha adjudicado una “tarjeta amarilla” de advertencia.

Con ocho puntos fundamentales, tres de ellos ya cumplimentados, el plan de acción diseñado en 2019, poco antes de la pandemia, contempla la pronta implementación de la nueva Ley de Pesca, homologación de los registros de las embarcaciones pesqueras, depurar la base de datos de la flota mercante panameña, respetar la trazabilidad del producto y reforzar el monitoreo y la vigilancia para reducir las infracciones.

En esta estrategia-país, que sigue la consigna de “tolerancia cero” a la pesca INDNR marcada por esta administración, se hará énfasis en la aplicación de sanciones más enérgica a los buques infractores, inspecciones rigurosas a las embarcaciones en sus operaciones de descarga en puertos nacionales y control más efectivo en la expedición de licencias a buques que faenan en aguas internacionales.

La meta marcada es resolver lo antes posible las debilidades identificadas por DGMARES, que ha efectuado cuatro inspecciones a Panamá, dos de ellas virtuales y dos presenciales, la última en diciembre pasado, y evitar la tarjeta roja de país “no cooperante”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 mil millones de dólares a nivel mundial.

La pesca INDNR socava los esfuerzos nacionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad, representando una gran desventaja y discriminación para los pescadores que actúan con responsabilidad, honestidad y de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca.

Estas prácticas afectan la sostenibilidad de los recursos naturales, ponen en riesgo la seguridad alimentaria, atentan contra las leyes nacionales e internacionales y la subsistencia de miles de pescadores artesanales e industriales que viven de esta actividad.

La Comisión Interinstitucional sobre pesca INDNR, presidida por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, agrupa a representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industria, Salud, Ambiente, Seguridad Pública, la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad Nacional de Aduanas.